El Terrorismo en Santa Marta

Ayer 24 de octubre de 2012 siendo las 8:35 AM, en la ciudad de Santa Marta, un joven de 17 años arrojó una granada en la cafetería del supermercado Rapimercar ubicado en el sector del mercado, dejando un nefasto saldo de 3 personas muertas (incluyendo una niña de 6 años)  y alrededor de 50 heridas.

El acto terrorista al parecer se trata de la retaliación por parte de la banda criminal "Los Urabeños" por el no pago de una suma de dinero que el grupo armado ilegal le exigía a los propietarios del supermercado. ¿Hasta donde hemos llegado? Ya a comienzos de este año la banda criminal había demostrado todo su poder intimidatorio al conseguir con éxito un paro armado en 5 Departamentos de Colombia (ver columna  http://bitacorasamaria.blogspot.com/2012/01/miedo-y-sumision.html). Ahora una vez más se amedrenta a la población civil de una ciudad que quiere vivir en paz, pero que convive y en muchos casos es cómplice (consciente o inconscientemente) de la ilegalidad.

No es la primera vez que en Santa Marta lanzan granadas contra establecimientos de comercio, igual ha pasado en Cienaga, Fundación y otros municipios magdalenenses; pero el hecho se sobredimensionó porque era un atentado dirigido más que contra un negocio, contra la ciudadanía (Una cafetería de un supermercado en plena hora del desayuno). Hay que tener sangre de gallinazo para pensar y actuar de esa manera.

¿Por que en Santa Marta campea el crimen y la ilegalidad de manera cotidiana? En el momento se nos ocurren algunas razones, a saber:

1.- Porque nos acostumbramos a ello, aquí es visto de manera normal por el común de las personas el contrabando, la compra venta ilegal de combustible, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la usura, la evasión de impuestos, la creación de empresas sin cumplir las exigencias de Ley, etc.

2.- Porque tenemos un tejido social muy débil, y es en sucesos como el de ayer en donde debemos reaccionar como ciudadanos unidos.

3.- Porque carecemos de unas autoridades armadas fortalecidas en todos los aspectos, aquí el crimen lleva la ventaja dos pasos adelante.

4.- Porque las necesidades básicas de más de la mitad de la población samaria están insatisfechas. Las coberturas  y calidad en asuntos como la educación, la salud y el empleo son quimeras de ciencia ficción (fracaso político-social de nuestros dirigentes). El terrorista de 17 años había dejado el sistema escolar donde cursaba 9º de bachillerato y fue reclutado para que entrara a engrosar las filas de un ejército criminal que vive del tráfico de drogas, el secuestro, el sicariato y la extorsión.

5.- Porque nuestro sistema judicial es débil e ineficaz. Este mismo asesino de sangre fría que perpetró el horroroso crimen (sea menor de edad o no), había sido capturado el pasado mes de septiembre por la Policía Nacional acusado del delito de porte ilegal de armas. Fue puesto de inmediato en libertad por una Juez de la República. Hace rato se cometen los mismos errores, debe haber unificación de criterios y procedimientos entre la policía judicial y la justicia ordinaria.

6.- Porque en definitivas cuentas nuestra institucionalidad es frágil. No somos capaces de proteger y ocupar a nuestros jóvenes, y por el contrario se convierten en materia prima para el crimen. Peor aún, a día de hoy la ciudad ni siquiera cuenta con un centro de reclusión de menores especializado. 

Por estas y muchas razones más vivimos sitiados por la criminalidad. Se deberán reorientar las estrategias de seguridad porque han fracasado, fortalecer a las fuerzas militares y de policía, y al mismo tiempo empezar a cambiar las condiciones sociales, culturales y económicas de muchas personas.

Es hora de decir:  "YA BASTA NO MÁS TERRORISMO - SANTA MARTA Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - TERRITORIOS DE PAZ"

Las verdades de la invasión al espacio público

 Invasión de ventas informales en la 5a Avenida o Campo Serrano

La ciudad de Santa Marta y de manera especial su Centro Histórico y playas, se encuentran atiborradas de ventas informales, el fenómeno social reafirma la principal forma de "rebusque diario" que tienen nuestros desempleados para sobrevivir (entre otras formas de informalidad), y que permitió a que el DANE de manera olímpica y sin rubor alguno, declarara a los cuatro vientos que nuestra ciudad es la segunda con el menor desempleo de Colombia - equiparando de manera irresponsable al empleo formal con el informal.

Con temor observamos como poco a poco las obras encaminadas a recuperar los espacios públicos del Centro, siguen invadidas cada día más - ya no solo por los vendedores con acciones de tutela a favor, en donde se le ordena a la Alcaldía entregarles una alternativa económica antes de desalojarlos - sino que también los espacios han sido ocupados por personajes que no acreditan la confianza legítima. Ni que hablar de nuestras playas, el otrora celebre Balneario El Rodadero está convertido a día de hoy en una cloaca que más parece un piqueteadero - asoleadero de pueblo; y de los turísticos Taganga y Bello Horizonte mejor no hablemos.

Y aunque no lo crean, detrás de todo este lío asqueroso en el cual nos han condenado a vivir, hay grandes beneficiarios y potentados. El círculo vicioso se originó a partir de los años 80´s en la mismísima Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno. Es en esa oficina donde se han cocinado los carnets y permisos de vendedores que autorizan el ocupar los espacios públicos (salvo poquísimas excepciones de Alcaldes y Secretarios que no se prestaron al crimen ciudadano). Y a sido en épocas electorales donde los barones políticos han sacado las garras y puesto a funcionar el andamiaje corrupto del sistema, santificando a diestra y siniestra nuevos carnets; no solo se trata del trueque de un determinado número de votos, si no que también se les pide a los futuros vendedores informales algún dinero. En todo el proceso de negociación aparecen los facilitadores: Algunos funcionarios públicos (de todos los niveles y de todas las entidades y corporaciones), vendedores representantes del gremio, inclusive veedores ciudadanos; en fin se trata de una caterva de parásitos que lo único que han hecho es llenarse los bolsillos a costillas de su bienestar y el de su familia que perdieron el legitimo derecho a caminar y gozarse la ciudad. 

A todo lo anterior hay que sumarle los prestamistas "paga diarios"; los "poseedores" que se creen dueños del pedazo de anden y viven de su arriendo diario, valiéndose de la necesidad de las personas sin recursos; aparecen también los contrabandistas; los lavadores de activos, etc. Como podemos observar estamos ante un negocio redondo cuyas cifras reales no refleja la pobreza que el medio transmite a nuestros ojos, y que tal como en el ajedrez, tiene desde reyes, reinas y alfiles hasta los más humildes peones.

Santa Marta es la tercera ciudad que recoge más desplazados de Colombia, y al parecer se corrió la voz a nivel nacional que tal como reza el slogan vivimos en "la magia de tenerlo todo" - incluyendo  también en el paquete a unas autoridades corruptas acompañadas de un tejido social muy débil - por lo que el éxodo acelerado de nuevas personas en plan rebusque se ha hecho evidente. La identidad samaria se ha perdido hace rato y ahora vivimos entre pequeñas colonias, lo que palpamos diariamente en más vendedores informales, mototaxistas, negocios tipo tiendas cantinas (lo que da tema para otro artículo), en fin, ahora pululan muchos negocios de mala muerte los cuales tienen como denominador común la ilegalidad.

Visto de manera global las ventas informales son un gran sector de la economía samaria, que maneja cifras para nada desdeñables. A manera de ejemplo expongo algunos casos que permiten entender la dimensión del negocio: a) La gran mayoría de carretillas de venta de frutas y verduras que circulan en Santa Marta, son en realidad propiedad de unos pocos, monopolio que posee aproximadamente 400 carretillas, las cuales se alquilan diariamente a $3.000.oo, lo que nos resulta en la friolera suma de $1.500.0000.oo diarios. b) De igual forma un vendedor de comidas rápidas en el Rodadero produce aproximadamente entre $2.000.000.oo y $3.000.000.oo mensuales neto en temporada baja, y en temporada alta la cifra puede ascender fácilmente entre $6.000.000.oo y $8.000.000.oo. c) Hace un par de años el propietario de unos famosos puestos de cócteles  de mariscos, declaró en la Alcaldía que en temporada baja facturaba $1.500.000.oo diarios, y en temporada alta podía vender en un jornal hasta $4.000.000.oo. d) son tan buenos los resultados que aquí ya se manejan franquicias de chichas, sopas, cócteles de mariscos, comidas rápidas y fritos.

Ahora cuando se están ejecutando las mega obras que tratan de finalmente cambiarle la cara a Santa Marta, es donde hay que sacar la calculadora y jalarse los cabellos, pues es deber del Estado (léase Alcaldía) entregarles alguna solución económica a nuestros invasores legitimados, bien sea reubicación, compensación económica, algún proyecto de economía solidaria, etc. Claro está el ejercicio desde el punto de vista de política social significa un reto loable, porque se trata finalmente de crear empleo, de mejorar las condiciones de vida de muchas personas que solo tienen en su trabajo callejero su fuente de sustento diario. ¿Pero a que precio? La desmedida carnetización pudo evitarse.

Entrando en el campo eminentemente jurídico existen algunos escollos que ojala puedan superarse; y es que para colmo de males la administración de justicia local tiene también una cuota de responsabilidad muy alta al momento de decidir las sentencias que dirimen la ocupación indebida del espacio público. Así como han habido fallos justos que reconocieron la confianza legítima a vendedores informales toda vez que evidentemente se violaron sus derechos fundamentales; también debemos aducir que existen sentencias judiciales que son verdaderas atrocidades jurídicas: Algunas veces porque se les reconoció el precitado principio a demandantes a los cuales no les aplica dicha confianza, porque nunca han tenido carnet o permiso alguno y por lo tanto en su debido momento fueron desalojados del espacio público y sus elementos decomisados (conducta que por ser antijurídica contraría con el principio de confianza legítima); otros fallos  erróneos también se extralimitaron, pues incluso ordenaron a la empresa de energía - Electricaribe - para que les instalara contadores a los señores invasores y así poder comercializar sus ventas en la calle; además existen fallos del año 2001 a favor de los silleteros del Rodadero que obligan a la administración a que reglamente por Decreto el asunto, en donde al parecer al señor Juez se le olvidó que la Alcaldía carece de competencia para reglamentar cualquier actividad en zona de playa, y que la autoridad revestida para tal asunto es la Capitanía del Puerto Samario - DIMAR - quien ya conceptuó que por disposición legal tal actividad es prohibida. Por si fuera poco tenemos que muchos jueces siguen aplicando las antiguas tesis jurisprudenciales que señalaban a la reubicación como  única solución posible al tema de las ventas informales, cuando es evidente que la posición de la Corte Constitucional ha evolucionado principalmente a partir del año 2003, en donde ahora cualquier alternativa que permita un desarrollo económico y que sea avalada de común acuerdo por las partes es permitida, incluso tal solución deberá ceñirse a la realidad fiscal del ente territorial - recordemos que el Distrito permanece en ley 550 - al parecer esas "nuevas teorías innovadoras" no son conocidas aún por muchos de nuestros jueces de tutela. 

Si comenzamos la cacería de brujas y nos ponemos a buscar culpables, tenemos que son los mismo vendedores informales (mal llamados ambulantes) quienes sin vergüenza ni reparo alguno, lanzan al agua los nombres de los ilustres doctores con los que negociaron su permanencia en el espacio público, incluso muchos de ellos se sienten burlados, pues los políticos en su frenesí electoral les prometieron más de la cuenta. Da lástima el reconocer una vez más que tenemos demasiados dirigentes y autoridades de pacotilla, que con tal de afianzarse en el poder hacen lo que sea, en perjuicio de la ciudad. Por ahí tropezamos a muchos de ellos en nuestro cotidiano vivir, llevan siempre su good will por delante, unos tantos todavía en el ejercicio de sus cargos, otros aspirando a escaños mayores (por lo menos Dios ya nos libró de uno que se postuló a Alcalde y se retiró en la marcha),  algunos se dedican a asesorar al mejor postor, y otros sencillamente están retirados de la arena política viviendo de los ahorros, las inversiones y los contratos. 

Mientras tanto, crucemos los dedos y esperemos que los cambios urbanos que requiere Santa Marta puedan generarse sin contratiempos, que se pueda encontrar una salida digna a los vendedores que ocupan el espacio público y que inevitablemente deberán ser desalojados, que se fortalezca institucionalmente el asunto para no repetir los horrores del ayer, y que la rama judicial se ponga la camiseta por la ciudad y por el tan trajinado bien común.