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Invasión de ventas informales en la 5a Avenida o Campo Serrano |
La ciudad de Santa Marta
y de manera especial su Centro Histórico y playas, se encuentran atiborradas de
ventas informales, el fenómeno social reafirma la principal forma de
"rebusque diario" que tienen nuestros desempleados para sobrevivir
(entre otras formas de informalidad), y que permitió a que el DANE de manera
olímpica y sin rubor alguno, declarara a los cuatro vientos que nuestra ciudad
es la segunda con el menor desempleo de Colombia - equiparando de
manera irresponsable al empleo formal con el informal.
Con temor observamos como poco a poco las obras encaminadas a
recuperar los espacios públicos del Centro, siguen invadidas cada día más - ya
no solo por los vendedores con acciones de tutela a favor, en donde se le
ordena a la Alcaldía entregarles una alternativa económica
antes de desalojarlos - sino que también los espacios han sido ocupados por
personajes que no acreditan la confianza legítima. Ni que hablar de nuestras
playas, el otrora celebre Balneario El Rodadero está convertido a día de hoy en
una cloaca que más parece un piqueteadero - asoleadero de pueblo; y de los turísticos Taganga
y Bello Horizonte mejor no hablemos.
Y aunque no lo crean, detrás de todo este lío asqueroso
en el cual nos han condenado a vivir, hay grandes beneficiarios y potentados. El
círculo vicioso se originó a partir de los años 80´s en la mismísima
Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno. Es en esa oficina donde
se han cocinado los carnets y permisos de vendedores que autorizan el ocupar
los espacios públicos (salvo poquísimas excepciones de Alcaldes y Secretarios
que no se prestaron al crimen ciudadano). Y a sido en épocas electorales
donde los barones políticos han sacado las garras y puesto a funcionar el
andamiaje corrupto del sistema, santificando a diestra y siniestra nuevos
carnets; no solo se trata del trueque de un determinado número de votos, si no
que también se les pide a los futuros vendedores informales algún
dinero. En todo el proceso de negociación aparecen los facilitadores: Algunos
funcionarios públicos (de todos los niveles y de todas las entidades y
corporaciones), vendedores representantes del gremio, inclusive veedores
ciudadanos; en fin se trata de una caterva de parásitos que lo único
que han hecho es llenarse los bolsillos a costillas de su bienestar y el de su
familia que perdieron el legitimo derecho a caminar y gozarse la ciudad.
A todo lo anterior hay que sumarle los prestamistas "paga
diarios"; los "poseedores" que se creen dueños del pedazo de
anden y viven de su arriendo diario, valiéndose de la necesidad de
las personas sin recursos; aparecen también los contrabandistas; los lavadores
de activos, etc. Como podemos observar estamos ante un negocio redondo cuyas
cifras reales no refleja la pobreza que el medio transmite a nuestros ojos, y
que tal como en el ajedrez, tiene desde reyes, reinas y alfiles hasta los más
humildes peones.
Santa Marta es la tercera ciudad que recoge más desplazados de
Colombia, y al parecer se corrió la voz a nivel nacional que tal como reza el slogan vivimos en "la
magia de tenerlo todo" -
incluyendo también en el paquete a unas autoridades corruptas acompañadas
de un tejido social muy débil - por lo que
el éxodo acelerado de nuevas personas en plan rebusque se ha hecho
evidente. La identidad samaria se ha perdido hace rato y ahora vivimos entre
pequeñas colonias, lo que palpamos diariamente en
más vendedores informales, mototaxistas, negocios tipo tiendas
cantinas (lo que da tema para otro artículo), en fin, ahora pululan muchos
negocios de mala muerte los cuales tienen como denominador común la ilegalidad.
Visto de manera global las ventas informales son un gran sector de
la economía samaria, que maneja cifras para nada desdeñables. A
manera de ejemplo expongo algunos casos que permiten entender la dimensión del
negocio: a) La gran mayoría de carretillas de venta de frutas y verduras que
circulan en Santa Marta, son en realidad propiedad de unos pocos, monopolio que
posee aproximadamente 400 carretillas, las cuales se alquilan diariamente a
$3.000.oo, lo que nos resulta en la friolera suma de $1.500.0000.oo diarios. b)
De igual forma un vendedor de comidas rápidas en el Rodadero produce
aproximadamente entre $2.000.000.oo y $3.000.000.oo mensuales neto en temporada
baja, y en temporada alta la cifra puede ascender fácilmente entre
$6.000.000.oo y $8.000.000.oo. c) Hace un par de años el propietario de
unos famosos puestos de cócteles de mariscos, declaró en la Alcaldía que en temporada baja facturaba
$1.500.000.oo diarios, y en temporada alta podía vender en un jornal hasta
$4.000.000.oo. d) son tan buenos los resultados que aquí ya se manejan
franquicias de chichas, sopas, cócteles de mariscos, comidas rápidas
y fritos.
Ahora cuando se están ejecutando las mega obras que
tratan de finalmente cambiarle la cara a Santa Marta, es donde hay que sacar la
calculadora y jalarse los cabellos, pues es deber del Estado (léase Alcaldía)
entregarles alguna solución económica a nuestros invasores
legitimados, bien sea reubicación, compensación económica, algún proyecto
de economía solidaria, etc. Claro está el ejercicio desde el punto de vista
de política social significa un reto loable, porque se trata
finalmente de crear empleo, de mejorar las condiciones de vida de muchas
personas que solo tienen en su trabajo callejero su fuente de sustento diario.
¿Pero a que precio? La desmedida carnetización pudo evitarse.
Entrando en el campo eminentemente jurídico existen algunos
escollos que ojala puedan superarse; y es que para colmo de males la
administración de justicia local tiene también una cuota de responsabilidad muy
alta al momento de decidir las sentencias que dirimen la ocupación indebida del
espacio público. Así como han habido fallos justos que reconocieron la
confianza legítima a vendedores informales toda vez que evidentemente
se violaron sus derechos fundamentales; también debemos aducir que existen
sentencias judiciales que son verdaderas atrocidades jurídicas: Algunas veces
porque se les reconoció el precitado principio a demandantes a los cuales no
les aplica dicha confianza, porque nunca han tenido carnet o permiso alguno y
por lo tanto en su debido momento fueron desalojados del espacio público y sus
elementos decomisados (conducta que por ser
antijurídica contraría con el principio de confianza legítima); otros
fallos erróneos también se extralimitaron, pues incluso ordenaron a
la empresa de energía - Electricaribe - para que les instalara contadores a los
señores invasores y así poder comercializar sus ventas en la calle; además
existen fallos del año 2001 a
favor de los silleteros del Rodadero que obligan a la administración a que
reglamente por Decreto el asunto, en donde al parecer al señor Juez se le
olvidó que la Alcaldía
carece de competencia para reglamentar cualquier actividad en zona de playa, y
que la autoridad revestida para tal asunto es la Capitanía del Puerto
Samario - DIMAR - quien ya conceptuó que por disposición legal tal actividad es
prohibida. Por si fuera poco tenemos que muchos jueces siguen aplicando las
antiguas tesis jurisprudenciales que señalaban a la reubicación como
única solución posible al tema de las ventas informales, cuando es
evidente que la posición de la Corte Constitucional ha evolucionado
principalmente a partir del año 2003, en donde ahora cualquier alternativa que
permita un desarrollo económico y que sea avalada de común acuerdo por las
partes es permitida, incluso tal solución deberá ceñirse a la realidad fiscal
del ente territorial - recordemos que el Distrito permanece en ley 550 - al
parecer esas "nuevas teorías innovadoras" no son conocidas aún por muchos de nuestros jueces de tutela.
Si comenzamos la cacería de brujas y nos ponemos a buscar
culpables, tenemos que son los mismo vendedores informales (mal llamados
ambulantes) quienes sin vergüenza ni reparo alguno, lanzan al
agua los nombres de los ilustres doctores con los que negociaron su permanencia
en el espacio público, incluso muchos de ellos se sienten burlados, pues
los políticos en su frenesí electoral les prometieron más de la
cuenta. Da lástima el reconocer una vez más que tenemos demasiados dirigentes y
autoridades de pacotilla, que con tal de afianzarse en el poder hacen
lo que sea, en perjuicio de la ciudad. Por ahí tropezamos a muchos de ellos en
nuestro cotidiano vivir, llevan siempre su good will por delante, unos tantos
todavía en el ejercicio de sus cargos, otros aspirando a escaños mayores
(por lo menos Dios ya nos libró de uno que se postuló a Alcalde y se retiró en
la marcha), algunos se dedican a asesorar al mejor postor, y otros
sencillamente están retirados de la arena política viviendo de los
ahorros, las inversiones y los contratos.
Mientras tanto, crucemos los dedos y esperemos que los cambios
urbanos que requiere Santa Marta puedan generarse sin contratiempos, que se
pueda encontrar una salida digna a los vendedores que ocupan el espacio público
y que inevitablemente deberán ser desalojados, que se fortalezca
institucionalmente el asunto para no repetir los horrores del ayer, y que la
rama judicial se ponga la camiseta por la ciudad y por el tan trajinado bien
común.