Han causado sorpresa e incertidumbre en el sector de la construcción, las noticias y comentarios un tanto antagónicos que los dos principales medios escritos de la ciudad hacen acerca de unos mismos hechos; la legalidad o ilegalidad de la edificación Sierra Laguna (ubicado en el Sector de Pozos Colorados) y del Bahía Linda (en la Playa de los Cocos, Bahía de Santa Marta).
Frente a dichas construcciones el Procurador Delegado ante Asuntos Civiles sustentándose en la normatividad vigente ordenó la restitución de los complejos residenciales Sierra Laguna y Bahía Linda, toda vez que para el Ministerio Público estamos ante la ocupación ilegal de las playas que son de propiedad exclusiva de la nación, al igual que se incumplió con algunos requisitos legales; y sin embargo se observa que existe un manto de dudas al respecto, pues la Alcaldía Distrital no solo defendió la posición de seguir adelante con las obras, sino que sus aceraciones están formuladas contundentemente bajo el imperio de la ley.
¿Entonces en donde quedamos? Si la Procuraduría estuviera renuente a aceptar las razones jurídicas que llevaron al Burgomaestre samario a tomar su decisión, nos veríamos enfrascados en una puja que pareciera no tendría final. Es por esto que desde esta columna instamos a que urgentemente un órgano jurisdiccional competente para este asunto nos clarifique que es lo que realmente sucede. Dicha entidad no es otra más que el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil (el tema central es la presunta invasión del espacio público) quien con su concepto nos descifrará este jeroglífico jurídico de una vez por todas.
Como samarios que queremos el progreso de nuestra región, sabemos que es indispensable que nuestras zonas de mayor influencia turística despeguen hacia el desarrollo a la velocidad de la luz; también debemos pensar que en ese afán por convertirnos en una ciudad que resurja ante la inversión nacional y extranjera no se pueden pisotear las normas legales existentes "si es que ello hubiere sucedido". Es por lo anterior que esperamos que el debate que ha suscitado este asunto sea resuelto en la mayor brevedad posible y para bien de la comunidad.
Frente a dichas construcciones el Procurador Delegado ante Asuntos Civiles sustentándose en la normatividad vigente ordenó la restitución de los complejos residenciales Sierra Laguna y Bahía Linda, toda vez que para el Ministerio Público estamos ante la ocupación ilegal de las playas que son de propiedad exclusiva de la nación, al igual que se incumplió con algunos requisitos legales; y sin embargo se observa que existe un manto de dudas al respecto, pues la Alcaldía Distrital no solo defendió la posición de seguir adelante con las obras, sino que sus aceraciones están formuladas contundentemente bajo el imperio de la ley.
¿Entonces en donde quedamos? Si la Procuraduría estuviera renuente a aceptar las razones jurídicas que llevaron al Burgomaestre samario a tomar su decisión, nos veríamos enfrascados en una puja que pareciera no tendría final. Es por esto que desde esta columna instamos a que urgentemente un órgano jurisdiccional competente para este asunto nos clarifique que es lo que realmente sucede. Dicha entidad no es otra más que el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil (el tema central es la presunta invasión del espacio público) quien con su concepto nos descifrará este jeroglífico jurídico de una vez por todas.
Como samarios que queremos el progreso de nuestra región, sabemos que es indispensable que nuestras zonas de mayor influencia turística despeguen hacia el desarrollo a la velocidad de la luz; también debemos pensar que en ese afán por convertirnos en una ciudad que resurja ante la inversión nacional y extranjera no se pueden pisotear las normas legales existentes "si es que ello hubiere sucedido". Es por lo anterior que esperamos que el debate que ha suscitado este asunto sea resuelto en la mayor brevedad posible y para bien de la comunidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario